Cómo los lobbies financieros presionan en las democracias
Al final, la Asociación Española de Banca, el gran lobby bancario, ganó la batalla por la modificación de la legislación hipotecaria frente a los jueces decanos y a las organizaciones ciudadanas que llevaron su voz al Congreso, persiguiendo normas más justas y humanitarias para los miles de desahucios hipotecarios de victimas de las facilidades crediticias de bancos y Cajas, que no controlaron sus riesgos.
Y en la primavera de 2013, el actual Gobierno convocó a un grupo de expertos para estudiar la sostenibilidad del sistema de pensiones públicas. Y para este estudio de interés general, acudieron expertos del sector privado: de las aseguradoras Aviva, Mapfre y de su patronal Unespa, más personajes de la banca. No sorprende que la nueva legislación resultante haya reducido las pensiones y promueva indirectamente planes de pensiones privados, porque la ampliación de mercado global de los seguros es un objetivo del mundo financiero.
Más aún, en los últimos años de graves problemas financieros, la prensa informó de los contactos directos en Madrid del Rey Juan Carlos, del presidente del Gobierno y de otras autoridades con los máximos directivos del Instituto de Finanzas Internacionales, el principal lobby financiero mundial con sede en Washington. Este Instituto intervino en el diseño político y legislativo de la conversión de las Cajas de Ahorros en bancos (sin intervención de los electores); y en la creación del “banco malo” (la sociedad mercantil Sareb) para liberar a los accionistas de la banca de los activos tóxicos (solares y urbanizaciones invendibles, etc.) con cargo a los contribuyentes españoles.
Son tres ejemplos vivos de cómo actúan en nuestro país los lobbies que defienden los intereses bancarios y financieros.
Ciertamente, los lobbies o grupos de interés forman parte de las democracias avanzadas. Grupos económicos, sindicatos, ONG, iglesias, etc., intentan o dejan sentir su presión ante los gobiernos por medios legales o no para imponer sus intereses particulares. En las sociedades democráticas se tiende a la proliferación de estos grupos de intereses de todo tipo. Y la complejidad de los asuntos públicos ha dado lugar a lobbies especializados como agencias de profesionales, gabinetes jurídicos o de comunicación estratégica, asociaciones gremiales o profesionales que ofrecen estudios, informes, contactos u otras prestaciones por cuenta ajena para influir ante los gobernantes o ante la opinión pública.
Y la influencia o presión que ejerce cualquier lobby o grupo de interés es directamente proporcional al poder que representa, sea por los recursos de que dispone, por su peso en la opinión pública o por la capacidad de la movilización ciudadana. Ese poder dependerá de factores muy diversos, entre ellos, de la relevancia social que tengan los intereses que defiende y de los recursos que dispongan quienes ejerzan las actividades de lobby, sean económicos, organizativos o intelectuales.
De ahí que las actividades de presión política de los grupos financieros tengan un alcance difícilmente comparable al que pueda tener cualquier otro grupo de interés aunque sea también de alcance mundial. Los lobbies que sirven a la banca o a los grupos financieros acumulan medios de todo tipo (dinero, conocimiento experto, vinculaciones sociales, etc.) superiores a los de los gobiernos. Además, sus organizaciones están conectadas a nivel internacional porque los mercados financieros son globales. Y en la medida en que se ha liberalizado la actividad financiera y se han eliminando los controles y la supervisión estatal que siempre ha ejercido el poder político sobre la banca, frente a la libertad de innovación y de creación de nuevos productos para el ahorro el ciudadano está indefenso a menudo, sin la deseable protección del Estado. Porque la banca financiera globalizada genera riesgos, casi siempre ocultos, para el consumidor o pequeño ahorrador e incluso para el sistema, como nos ha enseñado la experiencia reciente.
Y de la UE deberíamos saber que los lobbies financieros tienen un peso específico en la elaboración de las directivas bancarias y financieras. De los 30,000 lobistas que pululan por Bruselas, se estima entre 700 y 2000 profesionales altamente cualificados de los grandes bancos, como Goldman Sachs o Deutsche Bank, quienes como expertos participan en los comités de la Comisión europea para los estudios e informes previos a las decisiones plasmadas en las directivas que, aprobadas por el Consejo de jefes de Estado y de gobierno, son tramitadas en los Parlamentos sin debate alguno, convirtiéndose en leyes nacionales. De ahí que casi siempre los intereses ciudadanos queden relegados frente a los intereses de los grandes grupos financieros.
Es urgente, pues, una ciudadanía activa, informada, crítica y más organizada para la defensa de sus intereses en materia de gestión del dinero.
Fuente Juan Hernández Vigueras
attacc Consejo Científico de ATTAC España
No hay comentarios:
Publicar un comentario