¿Cómo aplicar a la España de hoy la idea de derecha y de sus modulaciones, así como las relaciones de esta idea con las de la izquierda, que se exponen en el cuerpo de este libro?
Nos referimos a la España de las elecciones de marzo de 2008, que permitieron volver al PSOE al gobierno; a la España del congreso del PP de junio del mismo año, presidido por su candidato a la presidencia, que había sido derrotado en aquellas elecciones; a la España de los Estatutos de Autonomía de Andalucía, de Valencia, ya aprobados por las Cortes, o de Cataluña; o la España del proyectado referéndum Ibarreche, que todavía no acaba de estar plenamente reconocido.
Ateniéndonos a los criterios taxonómicos comunes, utilizados por comentaristas, politólogos o periodistas, no hay mayor dificultad en la clasificación de los grandes partidos: el PSOE e IU pertenecen desde luego a la izquierda; el PP y algún aliado, como UPN, pertenecen a la derecha. Y no habría nada más que hablar. Al menos, desde un punto de vista práctico, la opción mayoritaria del electorado español es la más simple posible, la dicotomía: o PSOE o PP.
Sin embargo, a algunas corrientes del PP no les gusta ser consideradas como de derechas, y prefieren autodefinirse como de centro (a lo sumo de centro derecha o de centro reformista) o como liberales.
En cambio, los votantes el PSOE o de IU se consideran orgullosos, en su inmensa mayoría, de que se les clasifique como de izquierdas, y aquí no parece haber dudas. La condición de izquierdas parece el motivo más profundo que inclina a gran parte del electorado español a votar al PSOE, o a IU; al menos esta condición es la que parece conferir una dimensión trascendente al voto, que logra desbordar, a través de ella, sus objetivos más prosaicos y efímeros, como pudieran serlo el conseguir una mejora del 5% en las pensiones de jubilación, o lograr la paridad de género en las fábricas o en el Gobierno, el aborto libre o el incremento del PIB, así como el descenso de la tasa de paro. Todos estos objetivos son importantes, pero son objetivos prácticos, que pueden defender tanto gentes de derechas como de izquierdas y que sólo comienzan a ser trascendentes cuando los propone la izquierda.
Las decisiones prácticas más prosaicas, aunque sean importantes, que puede tomar un pleno municipal, relativas por ejemplo a la barandilla de un puente, se cargan de una especie de sublime trascendencia cuando el alcalde rubrica la votación favorable: «Queda aprobado por los socialistas el proyecto de la barandilla del puente.» Es el mismo mecanismo que actúa en el cristiano que se siente traspasado por una emoción mística cuando da limosna a un pobre o se arrodilla. Lo importante no es la humilde limosna, o la genuflexión, sino el simbolismo sacramental que actúa en esos actos y a través de los cuales el Deus absconditusse hace presente, como se hace presente el Género humano en el acto en el cual el alcalde proclama que su partido ha aprobado la barandilla del puente.
Las únicas dudas que en la izquierda se han suscitado, al menos antes de la victoria electoral de marzo de 2008, se referían al caso de si algunos dirigentes no se habían inclinado a la derecha excesivamente, hasta el punto de recibir alguna advertencia de la vieja guardia. Pero todas estas críticas se han apaciguado tras la victoria en las urnas y, por su parte, Rodríguez Zapatero se ha anticipado a anunciar, en el congreso de su partido, también celebrado en junio de 2008, una especie de «giro a la izquierda»: va a impulsar medidas de ampliación de supuestos para legitimar el aborto, va a profundizar en la cuestión de la eutanasia, va a promover medidas de igualdad entre las mujeres y los varones, pero sin necesidad de decirnos las razones por las cuales interpreta estas medidas como propias de un giro a la izquierda. Es suficiente que su electorado crea que con estos medios, la bandera de la izquierda se está desplegando todavía más alta.
¿Y dónde situar a los partidos nacionalistas como el PNV, ERC y BNG? Han sido aliados del PSOE en la última legislatura, tras el Pacto del Tinell. Pero ¿es suficiente esto para considerarlos de izquierdas? Sin duda ellos se consideran de izquierdas, pero esta autoconsideración carece de toda importancia, fuera del plano puramente parlamentario y propagandístico.
¿Y si aplicamos el criterio plotiniano, el de la proximidad que los diversos partidos puedan tener con el Antiguo Régimen? También, entonces, nos encontraríamos con grandes dificultades, derivadas tanto de lo que entendamos en cada caso por Antiguo Régimen, como de lo que entendamos por reliquias del Antiguo Régimen en los partidos actuales.
Todavía una gran parte de la población española de hoy sigue considerando como expresión casi viviente del Antiguo Régimen al «régimen fascista del general Franco»; más aún, presupone, o al menos da por sobreentendido, que los dirigentes, militantes y gran parte de los votantes del PP son criptofranquistas, por lo que, en consecuencia, según el criterio objetivo que utilizamos, habrían de considerarse de derechas.
La catarata de películas, series de televisión, libros, artículos de prensa… que giran en los últimos años en torno a la llamada memoria histórica, catarata alimentada por las caudalosas subvenciones directas o indirectas que las instituciones dependientes del PSOE, en el Gobierno central o en los de las Comunidades Autónomas, vienen entregando a los «intelectuales y artistas» –directores de cine, de televisión, periodistas, novelistas– han estimulado esa memoria histórica que está orientada a sugerir, más o menos subliminalmente, que las gentes del PP son franquistas residuales, y por tanto, gentes de la más genuina derecha (algunos, de la derechona). Y si algunos no lo confiesan es porque se avergüenzan de serlo, es decir, porque son de derechas vergonzantes, como es natural, porque «todos los que votan a la derecha son fascistas».
Sin embargo, si nos atenemos al marcador o seña de identidad objetiva más evidente que nos permitiría reconocer las huellas del Antiguo Régimen en la España política actual, a saber, la monarquía dinástica establecida en el título II («De la Corona») de la Constitución de 1978, entonces habría que decir que todos los partidos constitucionales (el PP y UPN, pero también el PSOE e IU) son de derechas. Porque todos son monárquicos, y por tanto, con ello, manifiestan la impronta formal que el Antiguo Régimen ha dejado en ellos.
Conclusión que ni el PSOE, ni IU, ni otros aceptarían, porque encuentran formas ad hoc para explicar su rechazo. Unos dirán que el título II de la Constitución de 1978 define una monarquía constitucional, que ya no tiene nada que ver con el absolutismo. Y que el artículo 57, en el que se dispone, en contra de todos los principios generales de la democracia, el carácter hereditario de la Corona de España en los sucesores de Su Majestad Don Juan Carlos I de Borbón, es casi un detalle oligofrénico cuando se le considera en el conjunto del articulado.
Y quien tiene una «sensibilidad democrática» más a flor de piel, se consolará intentando democratizar este artículo de la Constitución mediante la modificación del criterio antifeminista que hizo que la Constitución prefiriese la sucesión del varón a la de la mujer.
Otros, sin embargo, no satisfechos con esta justificación, dirán claramente que son republicanos de corazón, y que si acatan el título II de la Constitución es por motivos de prudencia política y de consenso, dando a entender que intentarán suprimir el título entero de la Constitución cuando las circunstancias lo permitan. El antiguo dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita, a toro pasado de las elecciones de 2008, vuelve a reivindicar la necesidad de la III República en España…
Ahora bien, si aplicamos las ideas sobre la derecha tradicional que se defienden en este libro, habría que concluir que la Constitución de 1978 ha dado lugar (salvo reliquias muy localizadas, aunque importantes, como pueda serlo la reliquia monárquica, que como vemos, no sirve de discriminante) a una ecualización política ente los convencionalmente denominados partidos de derecha (el PP y aliados) y entre los llamados partidos de izquierda (el PSOE y aliados): precisamente el acatamiento al título II de la Constitución es una prueba más de esta ecualización.
No puede decirse hoy que el PSOE sea de izquierdas, puesto que su política es prácticamente la misma que la del PP. Y, por este motivo, tampoco puede decirse que el PP sea de derechas.
Incluso, ateniéndonos a ciertos marcadores, el PSOE está más a la derecha en muchos puntos que el PP. Las diferencias que suelen alegarse por los ideólogos del PSOE en el Gobierno son fatuas: la preocupación por la seguridad social, por las pensiones de jubilación, por la igualdad… es común tanto al PSOE como al PP, o a cualquier partido que sabe que los electores de la tercera edad forman en España un colectivo de casi ocho millones de votos, de los cuales dos millones tienen más de ochenta años.
Y si se acude una y otra vez a airear la bandera del dualismo trascendente entre la izquierda y la derecha, contando con la preparación artillera de la memoria histórica, es por motivos estrictamente electorales. Porque los especialistas del aparato saben, o creen saber, que una gran parte del pueblo, sin perjuicio de su vocación como costaleros de los pasos de Semana Santa, o como rocieros, sigue siendo muy sensible también al mito populista del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. Sensibilidad que también encontramos a flor de piel entre los «intelectuales y artistas», y en muchas capas de profesiones liberales, dadas al agnosticismo y al ateismo, y simpatizantes con la ampliación del aborto, con la eutanasia o con el Proyecto Gran Simio.
¿Queremos decir con esto –es decir, con la tesis de la ecualización política de las derechas e izquierdas tradicionales en la España de hoy– que hayan desaparecido en la España de hoy las diferencias y antagonismos profundos de antaño y que la homogeneidad política, sin perjuicio de la pluralidad de libertades individuales y grupales, deba ser considerada como su norma, expresión de la armonía social que corresponde a un estado de bienestar?
En modo alguno: las diferencias sociales y económicas se han incrementado con la crisis económica. Y aún cuando quienes tienen rentas millonarias son hoy mucho más numerosos de lo que lo eran sus hombres en la época del Régimen franquista, sin embargo los que pertenecen a los estratos más bajos de renta han subido notablemente su nivel de vida comparados con sus homólogos de hace setenta años.
Tampoco cabe hablar de una situación de armonía en todo cuanto se refiere a los problemas políticos. Estos se han agrandado profundamente en los últimos años de la democracia con el desarrollo del régimen de las Autonomías. La política, constante y acumulativa, de las transferencias de competencias del Estado a las Autonomías ha ido debilitando al Estado, y ha transformado a las Comunidades Autónomas en cuasi Estados. Por ejemplo, refiriéndonos a Cataluña, en el nuevo Estatuto de 2006, «más de 100 competencias exclusivas o compartidas llegan a incluirse, por las 32 que atribuye el artículo 149 de la Constitución al Estado» (Luis González Antón, op. cit., pág. 617.).
Esta política ha marchado paralela, como es natural, al que se ha llamado, por Jorge de Esteban, huracán estatutario, una carrera hacia la autodefinición de las comunidades autónomas como Naciones (Cataluña, Andalucía, Valencia…), no sólo tolerada sino alentada por el Gobierno socialdemócrata, que ha dejado abiertos en España una serie de problemas muy graves que no pueden considerarse propiamente como problemas de política democrática parlamentaria entre partidos políticos legales. Son problemas políticos constituyentes, que ya no tienen que ver con la democracia, sino con la realidad misma del Estado.
Problemas cuya condición política es similar a la que pudiera corresponder a un conflicto bélico entre Estados, o entre facciones sediciosas que tratan de despedazar el territorio basal sobre el que se asienta necesariamente el Estado.
Problemas en los cuales las leyes de la democracia, que van siempre referidas y necesariamente a cada Estado, como a un todo del cual son partidos o partes atributivas los partidos parlamentarios, ya no tienen nada que hacer; porque cuando una facción independentista (considerada formalmente como partido político, como puedan serlo en España el PNV, ERC o BNG) pretende segregar territorios regionales que son del Estado, no está suscitando cuestiones que puedan ser resueltas en un parlamento democrático. Son cuestiones similares a las que tienen que ver con la ingerencia entre Estados, aquellas en las cuales un Estado pretende apoderarse de alguna parte que pertenece a otro Estado, o la parte de un Estado que pretende apropiarse de los territorios basales que pertenecen al Estado mismo.
Las pretensiones de independencia de algunas facciones vascas, catalanas, &c., no son cuestiones que tengan que ver con la voluntad de los vascos o con la voluntad de los catalanes; son cuestiones que están al margen de estas voluntades, porque las tierras vascas o las tierras catalanas pertenecen a España y por tanto a todos los españoles. Y si un grupo faccioso vasco o catalán quiere arrebatársela, es porque están pretendiendo robársela, sin que pueda justificarse este proyecto de latrocinio por derivarlo de una voluntad de autodeterminación.
Cuando los cuarenta ladrones, en virtud de su voluntad unánime, expresada a mano alzada en una reunión, se autodeterminan para apoderarse de una gran cueva o de varias, están proyectando una acción que nada tiene que ver con la democracia, aunque su decisión haya surgido de una reunión o asamblea que se haya ajustado a la forma de una democracia procedimental. Contra las decisiones de autodeterminación de los cuarenta ladrones sólo cabe una respuesta por parte del propietario, la que tiende a recuperar por la violencia (sea a través de los tribunales, sea directamente cuando los tribunales no son internacionales) los bienes que le han sido arrebatados o pretenden serle arrebatados.
Ante las pretensiones de autodeterminación de las facciones vascas, catalanas, gallegas, de apropiarse de bienes que pertenecen desde siglos a todos los españoles, están fuera de lugar debates parlamentarios democráticos. Los conflictos entre dos democracias, o entre dos Estados democráticos, no pueden dirimirse democráticamente, sino por vías anteriores a la democracia, la más tradicional, la declaración de guerra. Porque las cuestiones abiertas no se mantienen en los límites de una democracia constitucional, dado que las Constituciones de cada democracia son precisamente las que separan a unas democracias de otras, precisamente por su capa basal.
Parece que nuestros constitucionalistas, con su democratismo infinito, han olvidado que la democracia es una estructura política que únicamente tiene asiento en cada Estado. Parece como si los procedimientos democráticos de la Asamblea general de la ONU les hubieran nublado el juicio hasta el punto de llegar a creer que tal Asamblea es democrática en sentido político.
Y todo esto no implica que las democracias parlamentarias, con partidos políticos circunscritos a cada Estado, carezcan entre sí de cualquier tipo de relación, dado que, por de pronto, esos Estados democráticos son a su vez parte de un todo. Pero de un todo que, en cuanto democrático, no es atributivo sino distributivo. Entre los Estados democráticos y sus respectivos partidos, caben afinidades y semejanzas sobre las cuales pueden fundarse, sin duda, asociaciones o federaciones internacionales, a través de las cuales los Estados gobernados por un partido determinado pueden influir, ayudando o bloqueando, sobre otros Estados gobernados por un partido de su mismo color. Pero estas influencias no pueden traspasar nunca los límites de cada soberanía. En ningún caso las federaciones internacionales de partidos democristianos o socialdemócratas o comunistas pueden confundirse con un Estado soberano, o con una confederación de Estados.
Ahora bien, si las ideas de derecha e izquierda, en el sentido de la política democrática, sólo pueden aplicarse a los ámbitos constituidos por cada Estado, ¿cómo alguien, aunque sea jurista, politólogo o político de profesión, si está en su sano juicio, puede considerar a las facciones secesionistas de un Estado como partidos políticos, y más aún, cómo puede calificarlos de izquierdas o de derechas?
Estaría haciendo operaciones parecidas a las de alguien que, habiendo establecido la relación universal y distributiva entre cada uno de los perímetros de las circunferencias y sus diámetros correspondientes (la razón o relación π) pretendiese aplicar, de un modo disparatado, esta misma razón o relación π para expresar la razón o relación atributiva (sinalógica) entre las distancias intercentro (medidas en la recta que contiene a sus diámetros) entre dos circunferencias cualesquiera y las distancias interperímetro (medidas en esa misma recta).
Los problemas políticos que España tiene planteados, a raíz sobre todo del reconocimiento como partidos políticos de las facciones autonómicas separatistas, no son problemas de política parlamentaria entre la derecha y la izquierda; son problemas políticos que afectan a la existencia misma del Estado, y ante los cuales es totalmente disparatado intentar aplicar medidas democráticas.
Fuente Gustavo Bueno
