La ideología de género triunfa en la legislación española
La ideología de género se ha introducido fuertemente en el ordenamiento jurídico español en los últimos cuatro años, más que en otros países occidentales, con una subversión de los valores cuyos efectos negativos serán visibles pronto.
Es la tesis de María Lacalle, profesora de Derecho Civil de la Universidad Francisco de Vitoria, expuesta durante la Jornada sobre Ideología de Genero organizada el pasado 16 de febrero por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de esa universidad de Madrid.
Leyes como la del «matrimonio homosexual», la ley contra la violencia de género, e incluso regulaciones que han tenido menos repercusión como la del «cambio de sexo» en el Registro Civil, suponen una implantación formal de esta ideología en España, que previsiblemente se reforzaría con una introducción de los «derechos reproductivos» si se modificara la ley del aborto.
La ideología de género, nacida del feminismo radical, se impuso a nivel mundial en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995: los lobbies «consiguieron imponer a los países miembros el compromiso de incorporar la «perspectiva de género en todas sus políticas y medidas legislativas», afirma María Lacalle.
Según esta investigadora, la ideología de género ha logrado imponerse en España en tres ámbitos legislativos clave: la identidad personal, la familia y la educación.
La ideología del género «parte del convencimiento de que la mujer ha sido explotada por el hombre a lo largo de la historia mediante la imposición de roles y estereotipos sociales totalmente injustos y arbitrarios que la han mantenido apartada de la vida pública, privada de derechos y recluida en el ámbito familiar», afirma.
La «deconstrucción» de la identidad personal
Según María Lacalle, la ideología de género «pretende instaurar una sociedad en la que todos los individuos sean iguales, una sociedad sin diferencias entre los sexos en la que cada uno, independientemente de las características biológicas con las que nazca, escoja su propia identidad de género y su propia orientación sexual».
La investigadora cree que esta ideología está detrás de varias de las leyes aprobadas en los últimos años, como la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el apartado en el que regula el cambio de sexo en el Registro Civil cuando «no se corresponda con su identidad de género».
«Esta ley banaliza de una manera alarmante la cuestión de la identidad sexual. En primer lugar, no requiere un estudio psiquiátrico en profundidad, sino que permite que se cambie la inscripción registral con un simple informe psicológico; no exige cirugía de reasignación sexual, y tampoco establece como estrictamente obligatorio el haber seguido un tratamiento médico para acomodar las características físicas a las correspondientes al sexo reclamado».
Para Lacalle, esta ley muestra «una concepción del ser humano según la cual la identidad sexual es una variable subjetiva de cada persona. Es como si cada uno pudiera «inventarse» a sí mismo: la naturaleza no cuenta, cada uno hace lo que quiere porque la libertad se concibe como una fuerza omnipotente y autocreadora. El deseo de cada uno se convierte en motivo suficiente para pretender alterar la realidad».
Esta concepción del hombre proclama la libertad absoluta como liberación de lazos y condicionamientos, aún aquellos naturales como la relación paterno-filial. Como consecuencia, todas las instituciones sociales quedan minadas y se subvierte el orden social, con consecuencias que los expertos participantes en la jornada prevén desastrosas para la sociedad.
El tabú de la maternidad
La maternidad, como realidad fisiológica exclusiva de la mujer, es una de las cuestiones más atacadas por las feministas de género: los nuevos derechos reproductivos y sexuales «tienen por objeto que la mujer controle por completo la fertilidad, y que tienen como núcleo central el acceso al aborto sin restricciones de ningún tipo, como algo imprescindible para que la mujer pueda ser auténticamente libre», afirman.
«Más que de «derechos reproductivos» deberían hablar del «derecho a no reproducirse», que es lo que realmente quieren. Por eso buscan formas para liberar a la mujer de la «tiranía» de su naturaleza biológica, permitiéndole escapar de la «barbarie» del embarazo. Reclaman una solución técnica que les permita alcanzar el objetivo último que es la liberación de la maternidad», denuncia Lacalle.
Como detalle que expresa esta concepción, María Lacalle explica que los términos «maternidad» y «procreación» están siendo sustituidos en los textos internacionales por «trabajo reproductivo». «Este término fue acuñado por Carolyn Hannan, que fue Directora de la División para el Avance de la Mujer de la ONU, y desde entonces se utiliza profusamente. Es un término que indica claramente la concepción que tienen de la maternidad. La consideran como una maldición, una carga pesada que la sociedad ha impuesto a la mujer para someterla y recluirla en el ámbito privado, para que no pueda prosperar profesionalmente. Todo lo que sirva para liberar a la mujer de este trabajo reproductivo debe ser promocionado social y jurídicamente», añade.
Esta concepción explica el renovado interés por la modificación de la ley del aborto, reclamada desde las organizaciones feministas cercanas al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de manera especial en los últimos meses.
La «guerra de los géneros»
Otra de las leyes en las que el feminismo radical ha logrado imponerse es la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
En ella, la relación entre el hombre y la mujer se define como «necesariamente conflictiva». De hecho, en el preámbulo se afirma que «la violencia se dirige contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que es consecuencia de la desigualdad histórica de la mujer en la sociedad».
«La concepción de las relaciones entre el hombre y la mujer en términos de lucha, de rivalidad, de antagonismo, provoca un desquiciamiento de la propia identidad tanto de la mujer como del hombre», afirma Lacalle. Además, esta ideologización no lleva realmente a la solución del problema, pues no se tienen en cuenta otras causas directamente relacionadas con el aumento de la violencia, como la drogadicción o las rupturas familiares.
Para la investigadora, se están manipulando los datos: «desde los años noventa han ido aumentando las muertes de mujeres a manos de sus parejas y ex-parejas pero también las muertes de hombres a manos de sus parejas y ex-parejas, los suicidios de unos y otros, la muerte de niños, la violencia de los adolescentes contra sus padres y las agresiones a las personas de mayor edad dentro del ámbito doméstico. Por no mencionar la violencia en parejas de lesbianas, que es mucho más elevada que la que se produce en parejas heterosexuales. Pero todos estos datos no se difunden a través de los medios de comunicación, y si no se difunden, no existen».
¿El fin de la familia?
Según Lacalle, uno de los objetivos del feminismo de género es acabar con la familia, a la que considera «la principal fuente de opresión de la mujer»: «Estamos asistiendo a una transformación radical del Derecho de Familia, que ya no la protege, sino que la crea, la inventa. Es la ley, sin ninguna consideración a la realidad natural, la que decide qué es el matrimonio, qué es la familia y qué es la paternidad».
Esta ideología subyace en las leyes 13/2005 (por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer matrimonio para dar cabida a las uniones homosexuales), 15/2005 (por la que se regula el divorcio unilateral y sin causa), y 14/2006 (sobre técnicas de reproducción humana asistida), así como en la supresión del apartado 3 del artículo 154 del Código Civil, que reconocía la facultad de los padres de corregir moderada y razonablemente a los hijos, y la polémica asignatura de «Educación para la Ciudadanía».
Para la profesora de Derecho Civil, las últimas reformas de Derecho de Familia «han suprimido el matrimonio. El matrimonio, en cuanto unión de un hombre y una mujer abierta a la vida y con vocación de permanencia, ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico». Con la ley 13/2005, «se contempla el matrimonio como un invento social que va cambiando y adaptándose a las circunstancias históricas».
«Parece claro que el inusitado interés en aprobar esta ley no se debía simplemente al deseo de dar entrada al pequeño número de homosexuales que quiere contraer matrimonio - desde la entrada en vigor de la ley hace dos años y medio unos 4.500 - sino de obtener el reconocimiento social para la homosexualidad y redefinir radicalmente el matrimonio, privándole de sus elementos esenciales», añade.
Por otro lado, la ley del «divorcio exprés» «encaja perfectamente en la ideología de género, pues si cada uno se construye y se «inventa» a sí mismo, y puede construir su relación como quiera, también se le debe reconocer la capacidad de destruirla a capricho».
«El concepto de matrimonio que se maneja en esta ley se basa en el mero afecto, prescindiendo de cualquier función social, y se pone todo el énfasis en la satisfacción emocional, psicológica y sexual que proporciona a sus participantes. La ley se fija en el deseo y en la libertad individual. Si uno de los cónyuges desea romper su matrimonio, su deseo ha de hacerse realidad sin más consideraciones. No hay que tener en cuenta al otro cónyuge, ni tampoco hay que pensar en el daño, a veces irreparable, que se produce en los hijos. Sólo el deseo es importante», añade.
Para María Lacalle, «lo que se le está diciendo a la sociedad es que el matrimonio no es importante, que el contrato matrimonial vale menos que cualquier otro contrato civil o mercantil».
Padres sin hijos, hijos sin padre
Otra de las claves del desarrollo legislativo en cuanto a identidad personal se refiere, es la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, en la cual se redefine la paternidad y la maternidad como un «derecho» que la sociedad debe satisfacer.
Lacalle explica que la ley reconoce el derecho de acudir a estas técnicas a toda mujer mayor de edad independientemente de su estado civil y orientación sexual. Si es una mujer casada con un hombre, la ley «presume» que el padre es el marido de la mujer; si es una mujer casada con otra mujer, la ley las considera a ambas «progenitoras»; y si es una mujer sola, el niño legalmente no tiene padre, porque según la ley el donante no es un padre sino «el lugar» donde se ha producido el material genético. «No es que su padre no lo quiera reconocer, es que, legalmente, no tiene padre, y no se le permite buscarlo, ni conocerlo, ni relacionarse con él en manera alguna». Por la misma razón, al ser la paternidad y la maternidad un rol social y nada más, se defiende la adopción por parte de homosexuales.
Además, la legislación se entromete también en el derecho de los padres a educar a sus hijos. Para la investigadora «es una intromisión bastante sorprendente, teniendo en cuenta las circunstancias, pues parece que el panorama generalizado no es precisamente de autoritarismo de los padres hacia los hijos, sino todo lo contrario. La mayor parte de los padres han tirado la toalla, han abdicado de su autoridad y consienten todo a sus hijos. Y sin embargo, parece que existe un interés en minimizar la autoridad de los padres, en lugar de en reforzarla».
Lacalle recuerda que en la Ley Orgánica de Educación «no se menciona para nada la autoridad de los padres. Esto ya fue denunciado por el Consejo de Estado en su informe, que recomendó al Gobierno que incluyera algún párrafo que hiciera hincapié en la autoridad de padres y profesores, pero el Gobierno hizo caso omiso».
Por otro lado, el rebajamiento de la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales ha provocado que muchos padres no sepan nada -ni tengan derecho a ello- de la vida de sus hijos. «Según la legislación vigente, a los trece años se puede consentir en mantener relaciones sexuales, sea con personas del mismo o de distinto sexo, incluso con un adulto. Las propias administraciones fomentan la precocidad de los adolescentes en materia sexual, como queda demostrado en los folletos de sexo infantil que se reparten en los centros escolares de algunas comunidades autónomas».
Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación 2/2006, «está impregnada de ideología de género, lo cual queda claro desde el mismo Preámbulo, donde se dice que son fines de la educación, entre otros, el desarrollo de las capacidades afectivas del alumnado, el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita superar los comportamientos sexistas».
«En la asignatura Educación para la Ciudadanía esta ideolodía está presente en todas las etapas, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria. Se rechaza cualquier diferenciación entre varón y mujer, llegando a identificar diferencia con discriminación, se insiste machaconamente en la diversidad afectivo-emocional, en la posibilidad de elegir la propia identidad y orientación sexual», añade.
¿Quién gana?
María Lacalle afirma que el ataque a la familia «es una constante de todas las ideologías totalitarias que han pretendido un control de la persona. En todo este proceso de ingeniería social o deconstrucción de la sociedad, la familia es un obstáculo. Minar la autoridad de los padres es necesario para manipular libremente a los niños y configurar sus conciencias y su visión del mundo y de las cosas».
Para el padre Luis Garza, vicario general de la congregación de los Legionarios de Cristo, de estas legislaciones no se benefician las mujeres, ni los niños, ni la sociedad: «es un hecho comprobado que la desatención de los padres de familia suele crear en los hijos personalidades débiles, incapaces de pensamiento crítico, sujetos siempre a la moda imperante y con temor de enfrentar el status quo y reducidas a una máquina de consumo».
«Esto sin duda es algo cómodo para algunos grupos que quieren adquirir y mantener el poder político por generaciones y sería ya suficientemente malo, pero además es el preludio para manipulaciones de gran envergadura como las que experimentamos en el siglo XX».
Para el padre Garza, doctor en Derecho Canónico, la estrategia de estos grupos es o bien «conseguir un control político para obtener el poder». «Estamos ante la reivindicación más clara de Gramsci y su estrategia para la obtención del poder».
«Si lo que se busca es cambiar la cultura por motivos ideológicos, porque se piensa que esto es lo correcto y porque hemos vivido siglos engañados debido a lo reaccionario de la Iglesia y sus postulados, estamos ante un experimento de ingeniería social que puede tener tremendas y nefastas consecuencias ante el que debemos estar todos alerta y oponernos decidida e inteligentemente», afirma.
