El INE y una encuesta secreta vaticinan el derrumbe del sistema de partidos en España
Un estudio que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE), dejan lugar a pocas dudas: solo 7 millones de españoles de los 17 millones activos, poseen un salario lo suficientemente alto como para sostener el actual sistema de partidos.
Las cifras se corresponden casi milimétricamente con las de la última encuesta que manejan secretamente los diputados y que refleja como 10,1 millones de españoles han abandonado a las principales formaciones de la partitocracia.
El Congreso de los Diputados vive días de preocupación: las encuestas y sondeos, los datos fiscales del IRPF y los laborales del INE, junto a la decidida actuación que están demostrando unos pocos jueces, les afloran unos resultados preveraniegos desalentadores: el régimen se derrumba y el próximo sábado día 7 de julio se cumple el primer mes de la cuenta atrás anual para las elecciones europeas, ante las cuales ya solo quedan por pasar 11 hojas del calendario. Y como el “enfermo” (así llaman en privado a España) sigue con encefalograma plano y cayendo en sus constantes vitales, esto en la “jerga” política quiere decir que el horizonte de privilegios se acaba porque ganan las opiniones ciudadanas que demandan lo contrario: “transparencia, reparación y confiscación”.
La decisión del juez Ruz de reclamar por primera vez los datos fiscales de un político para averiguar el origen de su fortuna ha provocado que la clase política española entre en “fase de pánico”, un estado anímico en el que se suelen cometer muchos errores. El causante ha sido el juez Pablo Ruz, que desde la Audiencia Nacional ha reclamado los datos fiscales del dirigente del PP, Javier Arenas, y ha descubierto ganancias por valor de 2,5 millones de euros en los últimos 20 años sin que declarara los sobresueldos y “sobres” del tesorero Luis Bárcenas. La declaración del presidente del Senado, Pío García Escudero, que tampoco declaró un “préstamo” del PP que todos en la Cámara Alta creen en realidad ficticio, es otro dato que apunta en esta dirección.
En el caso de Arenas, comenzó como político en las juventudes con 26 años y ganando 35.000 euros, que consolidó en 1990, pues no están incluidos sus ingresos desde 1983 a 1989 como concejal y parlamentario andaluz. Arenas va a cumplir 30 años como político viviendo de un sueldo público, ya que nunca ha ejercido ni como abogado ni como funcionario, sus dos profesiones acreditadas.
El
INE y una encuesta secreta vaticinan el derrumbe del sistema de partidos en
España
El “caso Arenas” está causando pavor entre los políticos españoles, toda vez que hasta ahora estaban “blindados” ante Hacienda, cuyos funcionarios no pueden solicitar inspecciones ni aclaraciones sin pulsar el “botón rojo” de “personaje VIP”, lo que activa de inmediato la alarma informática y hace comparecer al funcionario honrado y diligente ante un responsable tributario con cargo político que le afea la conducta.
Es así como todos los políticos y ex-políticos españoles han confiado en la impunidad fiscal durante los últimos 30 años.
En fuentes parlamentarias se apunta que un caso “preocupante” es el del ex-lehendakari, José Antonio Ardanza (PNV), dedicado hoy al arte, pero se mencionan otros muchos, como el del ex ministro Rodrigo Rato (y sus exportaciones desde Washington) y otros diputados que poseen grandes fortunas por su propiedad de empresas hortofrutícolas.
Por eso, el precedente que significa que un juez reclame revisar sus declaraciones fiscales sin límite de tiempo ha provocado temblores en la mayoría de ellos.
Por eso, el precedente que significa que un juez reclame revisar sus declaraciones fiscales sin límite de tiempo ha provocado temblores en la mayoría de ellos.