AUDITORÍA DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda es un arma política

Se cierne ante nuestras endeudadas narices un ejemplo de deuda ilegítima de libro. Parece hecho para que aprendamos. Una deuda que en opinión de muchas personas no deberíamos pagar. Un caso que además se va a replicar sistemáticamente en la UE si se toman en cuenta las declaraciones de Juncker de movilizar 300.000 millones de euros para megainfraestructuras. Se trata del Proyecto Castor, un megaproyecto gasístico que cargará a los consumidores cautivos del sistema energético con unos 4.000 grandes millones de euros de sobrecoste.  Y todo ello a cambio de nada. Durante los próximos 30 años, estos gases de la Casta nos saldrán muy caros, si es que para entonces todavía fluye gas. Hasta hace poco, este tipo de dislate podía quedar silenciado por el crecimiento de la actividad económica y de los créditos piramidales. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, sin embargo, comienzan a hacerse visibles y nos obligan a realizar una reflexión global sobre un posible no pago de la deuda.

Primera cuestión: ¿debemos tener miedo a no pagar? No si la deuda se trata desde una perspectiva política y no simplemente economicista. A lo largo de la historia se ha demostrado que la deuda es esencialmente poder, que a menudo conlleva sumisión, extorsión individual y colectiva e incluso esclavitud. Unos se endeudan y se enriquecen. Otros pagan y obedecen.

La deuda y el crédito dentro de unos márgenes de sostenibilidad pueden resultar saludables y necesarios. No obstante, cuando se superan esos márgenes como ha sucedido en el caso griego o español y se justifica la minimización de las garantías de Estado a costa del bienestar de la población, entonces el problema ya no es sólo económico. Es sobre todo político, social y moral. Al implicar directamente la extorsión a la ciudadanía, el pago de la deuda deviene ilegítimo. Esta ilegitimidad dobla su dosis cuando ha sido contraída mediante estafa a cuenta de todos. La casta, la “oligarquía vampira” instalada en los gobiernos puede perdonar 3.000 millones de euros a las eléctricas por olvido. O puede salvar cajas saqueadas con más 60.000 millones de euros que no irán a gasto social, sin que nadie acabe juzgado y en prisión.

El Florentinismo o el Gurtelismo no son algo nuevo. Como describe el antropólogo David Graëber en un célebre libro, el endeudamiento entre civilizaciones tiene más de 5000 años. Algunos movimientos políticos en América Latina y África entendieron bien de qué se trataba tras las dos décadas perdidas de los 80 y los 90. Y algunos de sus líderes, como Thomas Sankara, lo enfrentaron y lo pagaron con su vida.

Algo parecido sucede con las personas endeudadas cuando toman un crédito o se las induce a hipotecarse ante un escenario futuro que se tuerce de repente. Es el caso de los desahuciados (en la primera mitad del 2014 perdieron su casa en favor de la banca 26.500 familias españolas), o de aquellos a quienes las compañías eléctricas cortan el suministro de luz y gas al no poder pagar la factura. Una sociedad endeudada es más sumisa y tiene la necesidad de trabajar más para poder saldar su deuda ¿Es esto lo que queremos?

En su momento, muchos países del Sur se vieron obligados por los acontecimientos a pensar la deuda como algo político. Esto les permitió alumbrar una doctrina original y emancipatoria como la de la deuda ilegítima. Como bien recuerda la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, la deuda ilegítima seria aquella que no hay que pagar porque procede de préstamos concedidos y gestionados de forma irregular; porque fue concebida para financiar operaciones ilícitas y porque atenta contra la dignidad de la vida de los ciudadano/as y pone en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. Esto no significa que ninguna deuda deba pagarse. En realidad, pueden distinguirse múltiples tipos de deudas que resultan ilegítimas: las deudas generadas por la opresión y  la guerra, características de regímenes autoritarios; y aquellas que tienen su origen en la corrupción, en la actuación de las élites, en las políticas de rescate y en operaciones fraudulentas, todas ellas clave para entender el endeudamiento en el caso español. La jurista Laura Ramos y el Observatori del Deute en la Globalitzaciólas analizan y ejemplifican en el libro “Los crímenes de la deuda”.

Ciertamente, hoy está extendida la idea de que el impago de la deuda imposibilitará la obtención de nuevos créditos y, por lo tanto, nuevas operaciones comerciales. Se asegura que se produciría una suerte de cuarentena institucional, como la que afectó a Alan García en el Perú de los años ochenta. Financieramente, todo esto es discutible. Ahora bien, el problema de la deuda tampoco puede acotarse a una mera cuestión de solvencia y de acceso a crédito sin comprender la sumisión política que comporta respecto a los acreedores. En el Estado español, esta sumisión llevó al PSOE y al PP a pactar en 2011 una reforma de la hasta entonces sagrada Constitución de 1978 para obligar a los Gobiernos sucesivos a establecer un techo máximo en el endeudamiento estatal. El aliento procedía de Merkel y la Troika, corresponsables directos de la deuda española. Y ofrecía una coartada perfecta para recortar el gasto social y adecuarlo al techo constitucionalmente establecido.

Ante este despropósito generalizado, el pago de la deuda se convierte en un problema político, que debe resolverse políticamente. Esto tiene como mínimo dos implicaciones. La primera, comunicativa, es que el marco cognitivo (el frame,según Lackoff) que debe activarse es el político, dejando el económico en segundo término. La segunda implicación es ética y normativa, y es que para bien de la sociedad, no debe pagarse las deudas ilegítimas contraídas para engorde de cualquier suerte de Casta. Nosotro/as debemos pagar sólo nuestras deudas. Las demás no son nuestras y deben restituirlas quienes las contrajeron para enriquecerse o por propia incompetencia.

Que nuevos movimientos políticos que están despertando esperanza entre la población como Guanyem, Podemos o las CUP adopten esta perspectiva sería un gran paso adelante. Que debería colocarnos en el camino de una Auditoría Ciudadana con respaldo público, como hiciera la CAIC en el Ecuador. El objetivo de esta Auditoría sería desempaquetar lo empaquetado para destilar lo que debe ser pagado de lo que no. Que el sistema asigne los riesgos y responsabilidades correctamente, de modo que la economía, la casa en que vivimos, pueda funcionar razonablemente. Si un fondo alemán prestó irresponsablemente a la cúpula de Bankia, a Catalunya Caixa o al señor Florentino Pérez, que se las arreglen. Además, la película no va de países, va de clases sociales y grupos de interés. Nosotro/as debemos seguir saneado/as y asumir solo las responsabilidades que nos correspondan. Una sociedad instalada en la sistemática impunidad de los de arriba, será una sociedad herida, desigual, disfuncional y fracasada. Hoy la prioridad política debe ser desarmar la deuda. Desarmarla con un proceso generalizado, democrático y transparente de auditoría.

Fuente                                David Llistar

eldiario