Operaciones de maquillaje con el problema de las hipotecas y desahucios.
Iniciativas como el Código de "Buenas Prácticas" bancarias promovido por de Guindos o la moratoria hipotecaria de Zapatero se han demostrado inútiles ante el incremento incesante de ejecuciones hipotecarias por impagos bancarios.
El Consejo General de la Abogacía Española ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores un escrito dirigido al órgano judicial competente para que acuerde la suspensión inmediata del desahucio de la vivienda sujeta al préstamo hipotecario.
Requiere al juzgado, con fundamentos jurídicos, la paralización de la ejecución hipotecaria hasta la modificación de la ley procesal por el Gobierno o que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial sobre el sistema de ejecución hipotecario español.
ACCEDA AL ESCRITO PARA PARALIZAR EL DESAHUCIO
El
escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar el desahucio en la
“situación de emergencia social causada por las más de 400.000
ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007” y
las miles que se están tramitando. Hay que tener en cuenta que el
artículo 3.1 del Código Civil establece que las normas jurídicas han de
interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de
ser aplicadas”, que en los actuales momentos exige una clara visión pro
ciudadano.
El documento, fruto de la sensibilidad común sobre el tema de la vivienda de instituciones como la PAH y los Colegios de Abogados, ha sido confeccionado por de letrados de ambos organismos.
En muchos de los procedimientos seguidos, los afectados, dada su precaria situación económica, no han podido designar abogado y procurador que los defienda y represente, por lo que los procesos judiciales se han seguido en situación de rebeldía.
Los desahucios masivos en el actual entorno de crisis económico-financiero y con alta tasa de desempleo conllevan a la práctica de desalojos forzosos incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico.
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