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martes, 24 de julio de 2012

TARJETAS DE CRÉDITO Y FRAUDE FISCAL




Recientemente el gobierno ha tomado la decisión de que todos los pagos superiores a 1.000 euros no puedan realizarse en metálico y que por tanto se lleven a acabo a través del banco. Se aduce que esta medida tiene como finalidad evitar el fraude fiscal. Esto es mentira.
El grueso del fraude fiscal se concentra en la evasión de impuestos de las grandes fortunas (en torno al 75%) y la existencia de formas jurídicas en el ámbito empresarial como son las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) que cuentan con privilegios fiscales al tributar únicamente el 1% de sus beneficios (recordar que las SICAV están encuadradas dentro de la normativa que regula las Instituciones de Inversión Colectiva, y que tiene su origen en la directiva europea 85/611/CEE de 1985, momento en el que fueron introducidas en la legislación española, de modo que su existencia viene dictada por Bruselas de modo que a este respecto sólo existen dos opciones: o aceptarlas o salir de la UE).
La obligatoriedad de pagar a través del banco facturas iguales o superiores a los 1.000 euros únicamente beneficia a las entidades financieras, principalmente por dos razones: se impulsará el negocio de las tarjetas de crédito que en los últimos años ha caído hasta un 7%, y por otra parte los bancos no tendrán que hacer frente a tantos reembolsos de manera que aumentará su cantidad de metálico en reserva lo que, en un momento de falta de liquidez generalizada, les permitirá utilizarlo para tapar sus pufos.
Unido a lo anterior esta medida también servirá para una pérdida de la privacidad de los ciudadanos en su consumo, pues el rastro electrónico que dejan las operaciones realizadas con tarjeta de crédito constituyen un goloso producto para las compañías de tarjetas que posteriormente comercializan con multinacionales, bancos, empresas de mercadotecnia, etc… Asimismo el ciudadano verá cómo pierde el control directo de su dinero al tener que depender más todavía de los bancos para realizar pagos, lo que en última instancia contribuirá a que estas entidades incrementen los costes del uso de sus servicios.
En cualquier caso se demuestra una vez más que el gobierno miente y engaña al intentar hacer creer que con esta medida persigue el fraude fiscal, cuando lo cierto es que beneficia directamente a los bancos que no sólo ven incrementados sus beneficios sino que sobre todo ven aumentado su poder sobre los ciudadanos y las instituciones.http://emboscado.blog.com/

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