MONOLITISMO POLÍTICO E IDEOLÓGIGO

Cuando la hegemonía ideológica se convierte en ley

La reforma del Código Penal de Alberto Ruiz Gallardón es una reforma con un sentido político muy claro: el de garantizar, so pena de represión legal, todo lo impuesto desde la izquierda.

Reformula los delitos de “odio” y adopta una redacción claramente política ya que nadie va a aplicar este tipo penal a organizaciones políticas que azuzan el odio “de clase” y cuyas fuentes ideológicas han teorizado sobre los fundamentos y razones para el enfrentamiento e incluso la aniquilación armada hasta la saciedad. 

En la legislación del futuro habrá solo un tipo de odio perseguido por ley y así, en la presente reforma, el “odio” -referido exclusivamente a la consabida cantinela del “racismo y la xenofobia”-, se centra en minorías o motivos “antisemitas” y aparece redactado, en la nota de prensa del Ministerio de Justicia, de una manera tan ambigua que una simple crítica a la inmigración ilegal puede rozar o caer de pleno en el delito.

¿Por qué?

Pues por que el canon moral de lo que es “bueno” o “malo” en las sociedades occidentales corresponde a la izquierda política y, especialmente a la izquierda cultural.

Los llamamientos a la violencia armada, frecuentes en internet dentro de webs de grupos “radicales” o el “negacionismo” de los discípulos del delirante Grover Furr ni siquiera se plantea que puedan constituir un hecho delictivo.

Recientemente, los beocios de ETA han manifestado que rechazan asumir “el relato de los opresores”. Lo dicen porque durante años han extendido con notable éxito propagandístico su propio relato, según el cual ante el hecho de un policía municipal despedazado por ETA no existe más responsable que el propio policía, por pertenecer a una “organización criminal” que es el “Estado español”. La bomba de Hipercor, que acabó con la vida de veintiún transeúntes y clientes del citado supermercado, solo cabe imputarla a las víctimas y así sucesivamente. Naturalmente, y esto nunca se dirá suficiente, el éxito del “relato de los liberadores” se ha basado en buena parte en la benevolencia con el que el propio marco político ha tratado a una organización de izquierdas como ETA. 

Véase las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional del nunca bien ponderado Pascual Sala y los millones de euros de fondos públicos de los que han disfrutado en calidad de fuerza política legal.

Este tipo de beneficios ideológico-políticos son hoy cotidianos. 

Hace poco, un pomposo “Sindicato de Estudiantes” -que nunca ha sabido de dar cuenta de por qué los estudiantes necesitan un “sindicato”- califica de “adoctrinamiento” las opiniones de un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos acerca del aborto. La batalla contra el mencionado profesor y sus textos se encara, no como una discrepancia de opiniones, sino como una batalla ideológica en la que se busca aniquilar al adversario. En buena línea marxista, sustituyen el argumento por la indignación y el aspaviento ,que en el caso del mencionado “Sindicato de Estudiantes”, hace gala de esa consabida burricie tipo LOGSE, siempre presente en el más humilde panfleto del “sindicato”.

El fenómeno, naturalmente, excede del ámbito puramente español. Sin ir más lejos, en Italia parece que “Barilla”, lo mismo que “Mulino Bianco”, son empresas cuyo “marketing” siempre ha apostado por impulsar la vida en familia bajo una concepción tradicional. Por esta razón, colectivos homosexuales y demás han comenzado a presionar públicamente, al grito de “homófobos” y “fascistas”, llamando al boicot de la marca. Aunque Guido Barilla, nieto del fundador de la firma, ha declarado que no realizará nunca “´spots´ con una familia homosexual porque la nuestra es una familia tradicional. La familia que nosotros queremos es una familia clásica en la cual la mujer tiene un papel fundamental siendo el eje central sobre el cual se estructura la familia”, las presiones no han cesado, antes bien, se han recrudecido. Nadie reconoce a Barilla el derecho a hacer con la publicidad de su empresa lo que le de la gana. Posiblemente, bajo el nuevo Código Penal español de Gallardón, Barilla tendría problemas.

Y es que cosas como la ideología de género o los “certificados” que parecen establecer de modo apodíctico quién “discrimina”, quién “incita al odio” o quién puede decir qué, están en manos grupos muy definidos, un hecho que trasciende incluso a los propios partidos políticos: si quieres participar en la arena pública, seas de “derechas” o de “izquierdas”, esto es lo que hay.

No por otra cosa el PP no ha derogado ni una sola ley socialista, especialmente las más ideológicas y represoras de la libertad de expresión.

Este es el trasfondo de la “reforma Gallardón”: otra vuelta de tuerca en el tornillo que ya había, a fin de garantizar un monolitismo ideológico cada vez más irrespirable.

Fuente                         Eduardo Arroyo

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