La Unión Europea apuesta por la austeridad como medio de enfrentar la
crisis económica, pero al mismo tiempo se embarca en la adopción de un
plan destinado a salvar –con la inversión de fondos públicos– los bancos
privados que se hallan al borde de la quiebra por causa de su mala
gestión. ¿Es esa la única solución viable? El profesor Salim Lamrani nos
presenta el caso de Islandia, un ejemplo que los medios de comunicación
y los aprendices de mago de la finanza europea prefieren pasar por
alto.
Ante la crisis económica, la Unión Europea ha
elegido el camino de la austeridad y ha decidido salvar a los bancos.
Islandia, en cambio, procedió anteriormente a la nacionalización de las
instituciones financieras y rechazó las políticas de restricción
presupuestaria. Hoy presenta una tasa de crecimiento de un 2,7% en 2012,
y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) saluda la recuperación
económica de ese país.
En septiembre de 2008, cuando la crisis económica y financiera golpeó
a Islandia, pequeño archipiélago del norte de Europa con una población
de 320 000 habitantes, el impacto fue desastroso, como en el resto del
continente. La especulación financiera llevó a la quiebra a los tres
principales bancos islandeses, cuyos activos representaban una suma diez
veces superior al PIB de la nación, con una pérdida neta de 85 000
millones de dólares.
La tasa de desempleo se multiplicó por 9 entre 2008 y 2010, en un
país que hasta entonces gozaba del pleno empleo. La deuda de Islandia
representaba el 900% del PIB y la moneda nacional perdió el 80% de su
valor con respecto al euro. El país cayó en una profunda recesión y su
PIB descendió en un 11% en sólo 2 años [
1].
Frente a la crisis
En 2009, cuando el gobierno quiso aplicar las medidas de austeridad
que exigía el FMI a cambio de una ayuda financiera de 2 100 millones de
euros, una fuerte movilización popular lo obligó a renunciar. En
elecciones anticipadas, la izquierda ganó la mayoría absoluta en el
Parlamento [
2].
No obstante, el nuevo poder adoptó la ley Icesave –cuyo nombre procede del banco
online
que quebró y cuyos ahorristas eran en su mayoría holandeses y
británicos–, con el fin de rembolsar a los clientes extranjeros. Esta
legislación obligaba a los islandeses a pagar una deuda de 3 500
millones de euros (40% del PIB) –o sea, 9 000 euros por habitante– en 15
años y con una tasa de interés del 5%. Frente a las nuevas protestas
populares, el Presidente se negó a ratificar el texto parlamentario y lo
sometió a un referéndum. En marzo de 2010, el 93% de los islandeses
rechazó la ley sobre el rembolso de las pérdidas de Icesave. Cuando la
ley se sometió a un nuevo referéndum, en abril de 2011, el 63% de los
ciudadanos volvió a rechazarla [
3].
Una nueva Constitución, redactada por una Asamblea Constituyente de
25 ciudadanos elegidos por sufragio universal entre 522 candidatos,
Constitución que consta de 9 capítulos y 114 artículos, se adoptó en
2011. La nueva Constitución instaura un derecho a la información, con un
acceso público a los documentos oficiales (Artículo 15), prevé la
creación de un Comité de Control de la Responsabilidad del Gobierno
(Artículo 63), un derecho a la consulta directa (Artículo 65) –un 10% de
los electores puede pedir un referéndum sobre las leyes que vota el
Parlamento–, así como el nombramiento del Primer Ministro por el
Parlamento [
4].
Así, contrariamente a las otras naciones de la Unión Europea que se
ven en la misma situación y que aplicaron escrupulosamente las
recomendaciones del FMI, institución que exigía medidas de una
austeridad severa, como lo ha hecho en los casos de Grecia, Irlanda,
Italia o España, Islandia eligió una vía alternativa. Cuando los tres
bancos principales del país (Glitnir, Landsbankinn y Kaupthing) se
derrumbaron, en 2008, el Estado islandés se negó a inyectarles fondos
públicos, como lo ha hecho el resto de Europa, sino que procedió a
nacionalizarlos [
5].
Del mismo modo, los bancos privados tuvieron que cancelar todos los
créditos con tasas variables superiores al 110% del valor de los bienes
inmobiliarios, evitando así una crisis de
subprime como la de
Estados Unidos. Por otra parte, la Corte Suprema declaró ilegales todos
los préstamos ajustados a divisas extranjeras otorgados a particulares,
obligando así a los bancos a renunciar a sus créditos en beneficio de la
población [
6].
En cuanto a los responsables del desastre –los banqueros
especuladores que provocaron el derrumbe del sistema financiero
islandés–, estos no fueron tratados con la mansedumbre que se ha
mostrado hacia ellos en el resto de Europa, donde han sido
sistemáticamente exonerados. En efecto, Olafur Thor Hauksson, Fiscal
Especial nombrado por el Parlamento para ocuparse de ellos, los mandó a
los tribunales y han sido encarcelados. Hasta el propio ex primer
ministro Geir Haarde se vio obligado a comparecer ante la justicia [
7].
Una alternativa a la austeridad
Los resultados de la política económica y social islandesa han sido
espectaculares. Mientras la Unión Europea se encuentra en plena
recesión, Islandia obtuvo una tasa de crecimiento de un 2,1% en 2011 y
prevé una tasa de 2,7% para 2012, y una tasa de desempleo de un 6% [
8]. El país se dio incluso el lujo de proceder al rembolso anticipado de sus deudas con el FMI [
9].
El presidente islandés Olafur Grímsson explicó este milagro económico:
“La
diferencia es que en Islandia dejamos que los bancos quebraran. Eran
instituciones privadas. No inyectamos dinero para salvarlas. El Estado
no tiene por qué asumir esa responsabilidad” [
10].
Contra todo pronóstico, el FMI saludó la política del gobierno
islandés –el cual aplicó medidas totalmente opuestas a las que preconiza
esa institución–, política que ha permitido preservar
“el valioso modelo nórdico de protección social”. En efecto, Islandia dispone de un índice de desarrollo humano bastante elevado.
“El FMI declara que el plan de rescate al modo islandés ofrece lecciones para los tiempos de crisis”. La institución agrega que
“el
hecho que Islandia haya logrado preservar el bienestar social de las
unidades familiares y conseguir una consolidación fiscal de gran
envergadura es uno de los mayores logros del programa y del gobierno
islandés”. No obstante, el FMI omitió precisar que estos resultados
fueron posibles sólo porque Islandia rechazó su terapia de choque
neoliberal y elaboró un programa de estímulo económico alternativo y
eficiente [
11].
El caso de Islandia demuestra que existe una alternativa creíble a
las políticas de austeridad que se hoy aplican en toda Europa. Además de
ser económicamente ineficientes, esas políticas de austeridad son
políticamente costosas y socialmente insostenibles. Al elegir poner el
interés general por encima del interés de los mercados, Islandia muestra
al resto del continente la vía para escapar del callejón sin salida.
Salim Lamrani
http://www.voltairenet.org/article176306.html
